Maria Luisa Mendonça y Marluce Melo
“Podríamos construir proyectos para países pobres, donde no vean en los países ricos sólo países explotadores”. Esa propuesta planteada por el presidente Lula durante la visita de George W. Bush a Brasil, el 9 de marzo de este año, sintetiza el objetivo principal de ese encuentro: mejorar la imagen del Gobierno estadounidense en América Latina.
Para ello, la agenda oficial del viaje de Bush a Brasil utilizó la agroenergía como tema central. “Todos nosotros nos sentimos en la obligación de ser buenos cuidadores del medio ambiente”, afirmó Bush en su discurso oficial. Y Lula añadió: “Queremos ver las biomasas generando desarrollo sostenible en América del Sur, en Centroamérica, en el Caribe y en África”. Brasil y Estados Unidos son responsables del 70 por ciento de la producción de etanol en el mercado mundial.
Bajo el pretexto de contribuir al “bien de la Humanidad” (frase utilizada por Lula en su discurso), el encuentro representó, en realidad, una estrategia de marketing para Bush, para las transnacionales que pretenden lucrar con la agroenergía y para los dueños de ingenios azucareros en Brasil, acusados históricamente de violar derechos laborales y destruir el medioambiente. Días después, Lula afirmó que los dueños de los ingenios son “héroes nacionales y mundiales”.
El resultado principal del encuentro entre los dos Presidentes fue la firma de un memorando de intenciones para estimular la producción de etanol en diversos países. Según el Subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de EE.UU., Nicholas Burns, esta asociación puede significar una “revolución mundial”.
A pesar del esfuerzo de los dos Gobiernos por transformar el encuentro en un éxito, no fue atendida la medida considerada la más importante por Lula y por los dueños de ingenios en la visita de Bush: la suspensión de la sobretasa de importación al etanol brasileño a Estados Unidos. La idea es llevar este tema al ámbito de la OMC (Organización Mundial de Comercio). En ese sentido, Lula propuso que Brasil y Estados Unidos llegasen a un acuerdo para reanudar las negociaciones de la Ronda de Doha en la OMC. Hay especulaciones de que Brasil estaría negociando un acuerdo a cualquier precio, inclusive para influenciar a otros países con el fin de que hagan lo mismo.
Para Bush, los objetivos son claros: mejorar su imagen frente a la opinión pública internacional, ya que los Estados Unidos son responsables del 25 por ciento de la contaminación atmosférica del mundo, y sobre todo, contrarrestar la influencia de países latinoamericanos en donde existe un fuerte sentimiento antiimperialista, como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Sin embargo, además de enfrentar protestas y haber montado operativos de seguridad jamás vistos en la historia (en la ciudad de São Paulo se prohibió el acceso a 35 km de distancia durante la visita), el viaje de Bush a América Latina fue ensombrecido por la gira simultánea de Hugo Chávez en la región. Por donde pasó, el presidente Chávez fue recibido con grandes mítines y manifestaciones de apoyo. En Argentina, hablando para un público de cerca de 40 mil personas, afirmó que “es una locura utilizar las buenas tierras y las aguas dulces que nos quedan para alimentar a los vehículos del Norte”.
El Gobierno de Estados Unidos ofrece incentivos fiscales para que sus industrias aumenten el porcentaje de aceite vegetal en el diesel común. Sin embargo, sería necesario utilizar el 121 por ciento de toda el área agrícola de EE.UU. para sustituir la demanda actual de combustibles fósiles en este país.
En este contexto, el papel de Brasil sería suministrar energía barata a los países ricos, lo que representa una nueva fase de la colonización. Las políticas actuales para el sector son sustentadas en los mismos elementos que habían marcado la colonización brasileña: apropiación de territorio, de los bienes naturales y del trabajo, lo cual representa mayor concentración de tierra, agua, renta y poder.
El falso concepto de energía “limpia y renovable” Hay que desmitificar la propaganda sobre los supuestos beneficios de los agrocombustibles. El concepto de energía “limpia y renovable" debe ser discutido a partir de una visión más amplia que considere los efectos negativos de estas fuentes. En el caso del etanol, el cultivo y el procesamiento de la caña contaminan el suelo y las fuentes de agua potable, pues utilizan gran cantidad de productos químicos. Cada litro de etanol producido consume cerca de 12 litros del agua, lo que representa un riesgo de mayor escasez de fuentes naturales y acuíferos.
La quema de la caña sirve para facilitar la cosecha; sin embargo, esta práctica destruye gran parte de los microorganismos del suelo, contamina el aire y causa enfermedades respiratorias. El procesamiento de la caña en las fábricas también contamina el aire a través de la quema del bagazo, que produce hollín y humo. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales ha decretado el estado de alerta en la región de los cañaverales en São Paulo (mayor productor de caña del país) porque las quemas han llevado la humedad relativa del aire a alcanzar niveles extremadamente bajos, entre un 13 y 15 por ciento.
En el caso de la soya, las estimaciones más optimistas indican que el saldo de energía renovable producido para cada unidad de energía fósil gastado en el cultivo es de 0,4 unidades. Eso se debe al alto consumo de petróleo utilizado en fertilizantes y en máquinas agrícolas. Además, la expansión de la soya está causando una enorme devastación de los bosques y del cerrado en Brasil.
Aun así, la soya ha sido presentada por el Gobierno brasileño como el principal cultivo para el agrodiesel, por el hecho de que Brasil es uno de los mayores productores del mundo. El Gobierno estima que más de 90 millones de hectáreas de tierras brasileñas podrían ser utilizadas para producir agrocombustibles.
Solamente en la Amazonia, la propuesta es cultivar 70 millones de hectáreas de palma africana. Este producto es conocido como el "diesel de la deforestación", su producción ya causó la devastación de grandes extensiones de bosques en Colombia, Ecuador e Indonesia. En Malasia, el mayor productor mundial de aceite de palma, el 87 por ciento de los bosques han sido devastados.
Además de la destrucción de tierras agrícolas y de bosques, hay otros efectos contaminantes en este proceso, como la construcción de infraestructura de transporte y almacenamiento que demanda gran cantidad de energía. Asimismo, será necesario aumentar el uso de máquinas agrícolas, de insumos (fertilizantes y herbicidas) y de irrigación para garantizar el aumento de la producción.
En Brasil, la expansión de monocultivos para la producción de agrocombustibles tenderá a ampliar la usurpación de grandes áreas de tierras públicas por parte de las empresas productoras de soya, además de “legalizar” la usurpación de tierras ya existente. El ciclo de dicha usurpación suele empezar con la deforestación, utilizando el trabajo esclavo; después viene la cría de ganado y la producción de soya.
Actualmente, con la expansión de la producción de etanol, este ciclo se completa con el monocultivo de la caña. Estas tierras podrían ser utilizadas en la reforma agraria, para la producción de alimentos y para atender la demanda histórica de cerca de cinco millones de familias sin tierra.
En muchas regiones del país, el aumento de la producción de etanol está causando la expulsión de campesinos de sus tierras y generando dependencia de la llamada “economía de la caña”, en la cual existen solamente empleos precarios en los cañaverales. El monopolio de la tierra por los ingenios genera paro en otros sectores económicos, estimulando la migración y el sometimiento de los y las trabajadores a condiciones degradantes. A pesar de la propaganda de "eficiencia", la industria de la agroenergía está basada en la explotación de mano de obra barata e incluso esclava.
Así, los trabajadores son remunerados por cantidad de caña cortada y no por horas trabajadas. En el estado de São Paulo, el mayor productor del país, la meta por cada trabajador es cortar entre 10 y 15 toneladas de caña por día. Entre 2005 y 2006, se registraron 17 muertes de trabajadores por agotamiento en el corte de la caña.
Ese patrón de explotación está presente en la industria de la caña en toda América Latina y ahora debe expandirse bajo el falso argumento de que representa una fuente de energía “renovable”. Durante la llamada “crisis del petróleo”, en la década del 70, Brasil pasó a desarrollar tecnología para la producción de etanol. En aquel periodo, el proyecto denominado "Pro-Alcohol” fue combatido por las empresas petroleras, inclusive por Petrobras.
Actualmente, la situación se invirtió, pues empresas petroleras ven con gran interés la posibilidad de lucrar con la distribución de agrocombustibles. Es más, las empresas automotrices participan en el sector, ya que prevén el aumento de las ventas de vehículos “flex”, propulsados tanto por gasolina como por etanol.
La expansión de la producción de agroenergía es también de gran interés para empresas de organismos genéticamente modificados como Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow, Basf y Bayer, que esperan obtener mayor aceptación del público si promocionan los productos transgénicos como fuentes de energía "limpia".
En Brasil, la empresa Votorantin está desarrollando tecnología para la producción de caña transgénica para la producción de etanol. Muchas de esas empresas han empezado a desarrollar tipos de cultivos no comestibles, destinados solamente a la producción de agroenergía. Como no hay mecanismos para evitar la contaminación de los transgénicos en cultivos nativos, esa práctica pone en peligro la producción de alimentos. Por otra parte, la expansión de la producción de agrocombustibles pone en peligro la soberanía alimentaria y puede agravar el problema del hambre en el mundo.
Experiencias de producción de materia prima para agroenergía por parte de pequeños agricultores demostraron el riesgo de dependencia de las grandes empresas agrícolas que controlan los precios, el procesamiento y la distribución de la producción. Los campesinos son utilizados para dar legitimidad al agronegocio, a través de la distribución de certificados de "combustible social".
Este modelo causa impactos negativos en comunidades campesinas, ribereñas, indígenas y de los quilombos, cuyos territorios están amenazados por la constante expansión del capital. Además, la falta de una política de apoyo a la producción de alimentos puede llevar a sectores campesinos a sustituir sus cultivos por agrocombustibles y, con eso, comprometer la soberanía alimentaria.
En Brasil, los pequeños y medianos agricultores producen el 70 por ciento de los alimentos para el mercado interno. Históricamente, la rebeldía campesina contra el avance del capital en el medio rural está garantizando la alimentación de nuestros pueblos. Grandes multinacionales se disputan el control de recursos naturales como la tierra, el agua y la biodiversidad, lo que pone en peligro la identidad campesina y hasta la propia supervivencia de nuestras sociedades. Por lo tanto, lo que está en juego es la confrontación con un modelo colonial, con todas las características propias de la colonización: depredadora, destructiva, explotadora y violenta.
Esta es la verdadera cara de la industria de la agroenergía, controlada por las mismas empresas petroleras, automotrices y agrícolas que destruyen los bosques y contaminan el medioambiente. Bajo el pretexto de crear la nueva “civilización de la fotosíntesis” o de los supuestos beneficios de una nueva matriz basada en la agroenergía, grandes transnacionales y élites locales buscan expandir su monopolio en nuestros territorios.
Maria Luisa Mendonça es miembro de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos. Marluce Melo es miembro de la Comisión Pastoral de Terra (CPT). Publicado en América Latina en Movimiento, No. 419, ALAI, Quito, abril 2007