Entre el 19 y 20 de abril de 2011, se reunirá en la sede del Banco Mundial en Washington un grupo de cerca de 200 inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de gobierno y funcionarios públicos internacionales, para discutir como operacionalizar lo que llaman “adquisiciones responsables” de tierra en gran escala. En Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que tiene su sede en la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) está por lanzar un proceso de consulta mundial relacionada con los principios que habrán de regular de tales negocios. Resaltando que es un problema de la mayor urgencia, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se están movilizando para detener estos acaparamientos de tierras, y para dar marcha atrás a aquellos acaparamientos que ya están ocurriendo.

¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y algunos gobiernos muy involucrados insisten en intentar que estos negocios con tierras funcionen mediante “inversiones agrícolas responsables”?

Los acaparamientos de tierra de hoy se acuerdan a gran velocidad. Se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo —cantidad suficiente para alimentar a 50 millones de familias en la India— se le han transferido de los agricultores a las corporaciones en los últimos años, y a diario se unen a esta carrera más inversionistas.¹ Algunos de estos negocios son presentados como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para lograr alimentar a sus poblaciones, tales como Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de negocios y nuevas oportunidades de hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y las corporaciones privadas. Las firmas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro muy cercano.²

¿Qué son los Principios de Inversión Agrícola “Responsable”?

Con gran nerviosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos y organismos internacionales, de Japón al G-8, decidieron sugerir criterios que pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el documento promovido por el Banco Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos (conocido por las siglas IAR). Los principios de “inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).³ Son siete principios que los inversionistas pueden suscribir voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala (véase el recuadro). Es notable que los principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometidos a la aprobación de los órganos de gobierno de las cuatro instituciones promotoras.

 

Los principios de inversión agrícola responsable (siete principios para un acaparamiento de tierras

donde "todos ganen"):

1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales.

2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la seguridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán.

3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la tierra y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas.

4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material serán consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en efecto.

5. Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de la ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado valores compartidos duraderos.

6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad.

7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y se tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al tiempo de minimizar y mitigar los impactos negativos.

 

Los principales promotores de los PIAR (desde 2009):

Unión Europea, FAO, G8, G20, FIDA Japón, Suiza, UNCTAD, Estados Unidos, Banco Mundial

 

En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios de “inversión agrícola responsable”. Su declaración dejó en evidencia que los principios IAR son una maniobra para legitimar el acaparamiento de tierras, y afirmó que facilitarle el control a las corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin importar qué lineamientos se sigan.⁴

Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más grupos y movimientos sociales de todo el mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es lamentable que, en vez de ponernos a la altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más sustentable social y ambientalmente, actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera conseguirse de manera responsable”.⁵

En septiembre de 2010, el Banco Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de tierras a gran escala. Tras dos años de investigación, el Banco no pudo hallar ejemplos convincentes de “provecho” para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir información con el Banco Mundial acerca de sus inversiones en tierras de cultivo, por lo que éste tuvo que confiar como fuente de información en el sitio electrónico (farmlandgrab.org), publicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR.

Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés) en octubre de 2010 debatió si respaldar o no dicha iniciativa. Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Japón, estuvieron en favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica, Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una fuerte oposición debido a la ausencia de un proceso adecuado de consulta. Una coalición de movimientos sociales y organizaciones publicaron una crítica detallada del marco de operación de los principios IAR antes de la reunión del CFS.⁶ Esto catalizó a los movimientos sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un llamado al CFS para que rechazara el documento de principios de IAR. Al final, el CFS no respaldó el citado documento y acordó únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de IAR.

A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras socialmente responsable donde “todos ganen” estaba a punto de naufragar. Entretanto, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios. En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron a compartir experiencias y consolidar sus luchas contra el acaparamiento de tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron un llamado público —que continúa ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento.⁷

Pero los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse .

Actualmente, la dirección del CFS prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente de consulta en torno de las IAR.⁸ El borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que se opondrá a un proceso cuyo foco principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones de tierras en gran escala. En cambio, argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión agrícola responsable” son la respuesta a los problemas en el terreno y luego reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la agricultura se necesita para remontar el hambre y apoyar a los agricultores en pequeña escala, en particular a las mujeres. El CIP recomendó que el CFS dejara de utilizar el nombre actual (IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras, no con las inversiones. Pero las cuatro agencias que promueven los principios de IAR siguen presionando.

Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia anual en torno a tierras y pobreza en su sede de Washington DC.⁹ Los principios de IAR están en el centro de la discusión. Su objetivo central ahora es comenzar a “operacionalizar” las IAR a partir de las experiencias con otros mecanismos de “responsabilidad social corporativa” (RSC), como las Mesas Redondas sobre Soya Sustentable y Biocombustibles, o la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.¹⁰

Entretanto, los gobiernos nacionales luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en que “ambas partes ganan” comienza a sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Nueva Zelanda comienzan a responder con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades de los extranjeros para adquirir tierras de cultivo nacionales. Otros, como Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta para suprimir la oposición local. En la campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición, Le Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), solicitó que el presidente de la república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron en la región conocida como Office du Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el gobierno de Khartoum por haberles arrebatado sus tierras.

Qué está mal con los principios de “Inversión Agrícola Responsable”

Las IAR no tienen que ver con facilitar las inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de que el acaparamiento de tierras puede continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esta ilusión es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades con el fin de que los acaparadores de tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando vender o arrendar sus tierras.

El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro por indígenas campesinos, pastores, pescadores artesanales y nómadas, lo que amenaza seriamente sus derechos a la alimentación y al sustento seguro. El acaparamiento de tierras también captura todos los recursos de agua que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo que de facto es una privatización del agua. La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras, debido a que se e llevan a cabo expulsiones por la fuerza, se silencia y se reprime a los críticos, se introducen modelos no sustentables de agricultura y del uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas. Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y estas realidades. No pueden tampoco adaptarse para ser presentados como políticas públicas o regulación estatal.

El acaparamiento de tierras, que tiene por objetivo darle a los inversionistas una tasa de ganancia del 20%, es lisa y llanamente una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento de tierras es totalmente incompatible con la seguridad alimentaria: la producción alimentaria únicamente arroja ganancias de entre 3 y 5%. Lo único que logra el acaparamiento de tierras es enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo.

Hay quienes creen que promoviendo transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún modo, conducir a resultados donde “ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”, la transferencia de vastas porciones de tierra, bosques, áreas costeras y fuentes de agua a grupos de inversionistas, de todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente de proteger la tenencia de la tierra de los campesinos y otros productores en pequeña escala, y muchos movimientos sociales han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos agrarios durante muchos años. Los principios de “inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta la fecha en pos de una reforma agraria, y en pos de derechos territoriales.

Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro de los triunfos obtenidos con sus mecanismos de “responsabilidad social corporativa”, un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán confiando en los tratados comerciales y de protección de inversionistas, en los resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros de riesgo político (proporcionados por las instituciones internacionales que promueven los principios de IAR), que los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera.

El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil hectáreas del acuerdo de Malibya en el Office du Niger en Mali, a las 320 mil hectáreas que el Grupo Beidahuang pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar la ausencia de legitimidad haciendo que los inversionistas se adhieran a unos cuantos principios es una estafa.

 

Invirtamos en soberanía alimentaria

Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes están rompiendo las cadenas de viejos regímenes para recuperar su dignidad y el espacio de la autodeterminación, necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo.

Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras; no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros;¹¹ rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada e ilegalizar el acaparamiento de tierras. Los gobiernos deben también dejar de oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad a los activistas detenidos.

Reiteramos las exigencias que han hecho una y otra vez los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de 2006 —el referente multilateral consensado y de mayor autoridad en relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. De igual modo llamamos al CFS a que adopte los Lineamientos de la FAO en relación a la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales que tienen fuertes raíces en las leyes de derechos humanos, con el fin de que se utilicen efectivamente para proteger y cumplir con los derechos a la tierra y a los recursos naturales de todas las poblaciones rurales y urbanas a nivel nacional e internacional.

Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo un amplio consenso en relación con las soluciones reales para el hambre, la crisis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son:

 

* la agricultura campesina, la agricultura familiar, la pesca artesanal y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas que se basan en métodos ecológicos y en mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan los medios de garantizar el sustento.

* los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad de carga de la tierra.

* debemos reemplazar los regímenes neoliberales, verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala.

* deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.¹²

 

Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando y pugnando por este camino junto con muchos aliados por todo el mundo.

 

17 de abril de 2011

 

▪ Amigos de la Tierra Internacional

▪ Campaña Global por la Reforma Agraria

▪ Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano

▪ FIAN International

▪ Focus on the Global South

▪ GRAIN

▪ La Via Campesina

▪ Land Research Action Network

▪ Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (Red Social de Justicia y de Derechos Humanos)

▪ World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP)

▪ World Forum of Fisher Peoples (Foro Mundial de los Pueblos Pescadores)